Feriado Irrenunciable
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Tras meses de una extensa discusión, y con una comisión mixta de por medio, el Congreso despachó ayer el veto presidencial al proyecto de ley de elecciones municipales y de gobernadores de 2024 en dos días, por un amplio margen de 138 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. Se logró reponer, además, tanto la aplicación de multas por UTM 0,5 para todos quienes estando habilitados para sufragar -nacionales y extranjeros- no concurran a las urnas, como el feriado irrenunciable para todo el comercio, restando ahora solo que el Tribunal Constitucional revise la iniciativa en su conjunto.
La idea de votar en dos jornadas tuvo acogida en el Gobierno, habida cuenta de la gran cantidad de postulantes a los cargos municipales y a las gobernaciones regionales, fenómeno que en parte se explica por la progresiva atomización de la política.
El sistema electoral es lo suficientemente sólido como para compatibilizar las elecciones y el crecimiento.
En su minuto, los gremios del comercio advirtieron sobre las consecuencias que tendría para el sector y la economía la idea de obligar al cierre total en los días en que se registran elecciones. Sin embargo, nunca ha progresado en el Congreso alguna de las propuestas para modernizar nuestra legislación y permitir que el país siga funcionando de manera normal cada vez que el sistema político debe elegir a los ocupantes de cargos de representación popular.
El Servicio Electoral (Servel) es una de las pocas entidades públicas que goza de altos grados de credibilidad y confianza. Un estudio de la Universidad Adolfo Ibáñez sobre la percepción de la ciudadanía respecto a las instituciones políticas -realizado después de los dos procesos de reforma constitucional- reveló que apenas un tercio de los encuestados considera que el Servel es poco confiable. Esto contrasta duramente con el Congreso y los partidos políticos, que alcanzaron niveles de desconfianza de casi 80% el primero y cerca de 90% el segundo.
La evidencia refleja que la democracia chilena y la institucionalidad nacional han llegado a un punto en que son lo suficientemente sólidas como para actualizar la normativa y hacer compatibles la actividad electoral y la necesidad de fortalecer el crecimiento y la actividad económica.
En la Agenda de Modernización del Estado no hay iniciativas en el horizonte 2022-2026 que apunten a mejorar la relación entre las demandas del Estado y las urgencias de industrias que requieren más oportunidades para crecer y consolidarse.
Basta con asegurar que los derechos civiles se cumplan a cabalidad y se permita una razonable ventana de tiempo para que las personas concurran a su obligación democrática del voto. En cambio, paralizar el país parece una medida extemporánea y anacrónica, ante el nivel de consolidación que tiene nuestro sistema electoral. Al menos, es un tema que debiera estudiarse.
